El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, convocó para el 3 de septiembre de 2025, a las 10:00, una audiencia oral para tratar la denuncia de Juan Esteban Guarderas contra el prefecto de Azuay, Juan Cristobal Lloret, por presunta infracción electoral. La diligencia será en Quito.
La denuncia, presentada el 23 de junio, se basa en el artículo 278 del Código de la Democracia, que sanciona a servidores públicos por inducir el voto o promover aportes a campañas. Esta infracción grave implica multas de 11 a 20 salarios básicos, destitución o suspensión de derechos por seis meses a dos años.
Torres dio cinco días a Lloret para responder y presentar pruebas, según el trámite admitido el 11 de julio. Si no asiste a la audiencia sin justificación, se procederá en rebeldía. Guarderas solicitó una prueba pericial, que fue concedida y será sorteada.
El caso pone en cuestión las acciones de Lloret como prefecto, en un proceso que podría impactar su cargo y derechos políticos, dependiendo del fallo del TCE.
