Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), negó el 28 de abril de 2025 haber grabado conversaciones privadas, en respuesta a las críticas de Luisa González, líder de Revolución Ciudadana (RC), quien lo calificó de “desleal” y “maquiavélico” por los audios filtrados en el caso Ligados. Verduga, procesado por presunta asociación ilícita, afirmó desde el extranjero que los medios están manipulando la narrativa en su contra y anunció posibles demandas internacionales contra ellos.
Los audios, extraídos de dispositivos incautados por la Fiscalía, incluyen conversaciones que exponen tensiones internas en RC y presuntas maniobras para controlar instituciones estatales. González, en una entrevista radial, condenó la práctica de grabar diálogos privados, sugiriendo que refleja una falta de transparencia y valores. Sin embargo, Verduga insistió en que las grabaciones son un “montaje” y que no ha tenido en su poder un disco duro con más de 100 archivos de audio, como asegura la Fiscalía. Su hermano, Abraham Verduga, también defendió su inocencia en redes sociales, acusando a González de sumarse a un “linchamiento mediático”.
El caso Ligados, que investiga a Verduga junto a Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, ha generado fricciones en RC. Las transcripciones revelan críticas a González, apodada “rana René” por Rafael Correa, y supuestos planes para influir en concursos de autoridades, como el de contralor en 2023. Verduga, quien salió de Ecuador en enero hacia Colombia y no ha regresado, enfrenta una posible orden de prisión preventiva por incumplir medidas cautelares. La Fiscalía ha hecho públicas las transcripciones, intensificando el escándalo político.
Abraham Verduga expresó su decepción con González, argumentando que, como víctima de persecución política, debería haber buscado su versión antes de avalar los audios. Mientras tanto, el proceso penal avanza, con una audiencia programada para el 30 de abril en la Corte Nacional para revisar las medidas contra Verduga. El exconsejero mantiene su actividad en redes sociales, calificando el caso como una “farsa” y denunciando a la fiscal Diana Salazar por presunta corrupción, aunque sin presentar pruebas concretas.
