Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador, anunció que México le otorgó el estatus de refugiado político, alegando persecución por parte de la Fiscalía ecuatoriana. Verduga, procesado en el caso Liga2 por presunta asociación ilícita, participó telemáticamente desde México en una audiencia de revisión de medidas cautelares ante la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el martes 6 de mayo.
La Fiscalía General del Estado, liderada por Diana Salazar, solicitó prisión preventiva contra Verduga por incumplir las presentaciones periódicas ordenadas el 15 de marzo, tras su formulación de cargos junto a los exconsejeros Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la consejera Nicole Bonifaz. Verduga salió de Ecuador el 27 de enero de 2025 hacia Colombia, antes de su destitución del CPCCS, y posteriormente se trasladó a México. En la audiencia, su defensa presentó un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que señala riesgos a su vida si regresa a Ecuador, identificando a la Fiscalía como un agente de persecución.
El caso Liga2 investiga una presunta red para controlar instituciones estatales, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, a favor del movimiento Revolución Ciudadana. La Fiscalía se basa en chats y audios obtenidos de dos celulares incautados a Verduga el 24 de enero, durante un allanamiento al CPCCS. Verduga niega haber grabado las conversaciones y sostiene que son manipuladas, calificando el proceso como una “sentencia anunciada” por motivos políticos.
La jueza Camacho, tras aceptar la petición de Verduga de designar un nuevo abogado, difirió una audiencia previa el 30 de abril. En la sesión del 6 de mayo, la Fiscalía insistió en la prisión preventiva y una alerta roja a Interpol, argumentando que la salida de Verduga ocurrió antes del retiro de su seguridad policial, desmintiendo sus justificaciones. La defensa, por su parte, solicitó su ingreso al sistema de protección de víctimas y testigos para garantizar su seguridad en futuras presentaciones.
El caso, que acumula más de 21,000 fojas en 51 días de instrucción fiscal, refleja la polarización política en Ecuador. Verduga, quien denunció en redes sociales un “linchamiento mediático”, enfrenta un proceso que podría derivar en sanciones severas, mientras México evalúa su situación migratoria. La resolución de la jueza Camacho será crucial para determinar el rumbo de esta investigación de alto perfil.
