Dirigentes indígenas, campesinos y trabajadores de Azuay anunciaron marchas para el 16 de septiembre en Cuenca y un posible levantamiento indefinido el 23 de septiembre, exigiendo la revocación de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals. Lauro Sigcha, presidente de la FOA, calificó la acción gubernamental como una “invasión” y destacó la unidad de comunidades, estudiantes y sindicatos para proteger el agua y los páramos de Quimsacocha, respaldados por consultas populares de 2019 y 2021 que rechazaron la minería.
Las organizaciones denuncian una consulta previa “fraudulenta” realizada en un recinto militar, incumpliendo el convenio 169 de la OIT y resoluciones de la Corte de Justicia de Azuay. Yaku Pérez, abogado de la FOA, anunció acciones legales internacionales, incluyendo una presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras Marlon Vargas, líder de la Conaie, criticó al gobierno por ignorar la oposición mayoritaria a la minería extractiva en consultas populares.
El sector sindical, liderado por Marcela Arellano de la CEOSL, cuestionó los supuestos beneficios económicos de la minería, señalando impuestos mínimos y empleos precarios. Las protestas, apoyadas por diversas organizaciones, buscan frenar la explotación minera en Azuay mediante cierres de vías y acciones legales, defendiendo los recursos naturales y los derechos colectivos.
