La reciente designación de Alexandra Villacís como presidenta temporal del Consejo de la Judicatura (CJ) ha desatado una fuerte confrontación política en Ecuador. Legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) denuncian una presunta alianza entre la Revolución Ciudadana (RC) y el Movimiento CREO para “tomarse la justicia”. Según los asambleístas de Gobierno, la llegada de Villacís —quien fue funcionaria durante el mandato de Guillermo Lasso— respondería a acuerdos previos destinados a garantizar la impunidad y bloquear procesos de fiscalización.
Asambleístas como Valentina Centeno, Ferdinan Álvarez y Diana Jácome sostienen que esta supuesta unión se evidencia en el archivo de juicios políticos contra exministros del gobierno anterior mediante el retiro de firmas. Por su parte, el presidente Daniel Noboa se sumó a las críticas, calificando el escenario como un intento de sectores políticos por controlar tanto la justicia como el Consejo de Participación Ciudadana. El mandatario recomendó formalmente a Mario Godoy, titular titular del CJ actualmente en licencia, que renuncie tras su comparecencia en la Asamblea Nacional para defenderse fuera del cargo.
Ante estas acusaciones, Alexandra Villacís rechazó entrar en debates de naturaleza política y afirmó que las aseveraciones carecen de sustento. La funcionaria instó a mantener la rigurosidad y responsabilidad que exige la Función Judicial, calificando los señalamientos como desinformación. De igual manera, el expresidente Guillermo Lasso desmintió cualquier pacto con el correísmo, recordando que su decisión de aplicar la “muerte cruzada” en su momento fue precisamente para evitar negociaciones que comprometieran sus principios.
Este cruce de acusaciones ocurre en un entorno de alta sensibilidad tras las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre presuntas amenazas vinculadas a un caso de lavado de activos. La Asamblea Nacional ha convocado a Mario Godoy para el próximo lunes, 5 de enero de 2026, con el fin de que rinda cuentas sobre estas irregularidades. La resolución de esta crisis institucional marcará el inicio del año legislativo y definirá el rumbo de la administración de justicia en el país.
