Todas las instituciones financieras públicas, privadas y cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador deberán adecuar sus reglamentaciones internas antes de septiembre de 2026 para ofrecer productos especializados a mujeres emprendedoras. Esta disposición, establecida por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) mediante la resolución 008-F, otorga un plazo de seis meses para que las entidades diseñen servicios con requisitos simplificados, garantías adaptadas y programas de educación financiera. Según Gustavo Camacho, presidente de la Junta, el cumplimiento de esta normativa es obligatorio y busca garantizar la igualdad de acceso eliminando barreras históricas de género.
La normativa exige que los créditos se dirijan a emprendedoras inscritas en el Registro Nacional de Emprendimiento y prioriza el uso de canales digitales para llegar a zonas rurales. Representantes del sector bancario y de cooperativas han recibido positivamente la medida, destacando que las mujeres presentan mejores indicadores de pago, con tasas de morosidad inferiores a las de los hombres. En el sector de las cooperativas, por ejemplo, ya se han implementado productos exitosos que eliminan el requisito de la firma del cónyuge, facilitando la independencia económica y reportando una mora de apenas el 2 por ciento.
Para asegurar el impacto de esta política pública, las superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria deberán entregar informes anuales que detallen el número de beneficiarias, los montos colocados y la cobertura territorial. Aunque la resolución no impone cuotas obligatorias de colocación, las autoridades enfatizan que el éxito de la norma radicará en la ampliación real del acceso al crédito para fortalecer un segmento que, según datos recientes, ya acapara cerca del 60 por ciento de las operaciones de microcrédito en el país.
