En la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022, autoridades prorrusas lanzaron una base de datos con 294 niños huérfanos menores de 17 años, seleccionables por características como color de ojos, cabello y personalidad. Administrada por el Ministerio de Educación y Ciencia de la autoproclamada república, cada ficha detalla nombre, sexo, edad, salud y rasgos como los de Alexéi, “amable y deportista”, o Anguelina, “compasiva y responsable”.
Nikolái Kuleba, de Save Ukraine, calificó la iniciativa como un “catálogo de esclavos” y “tráfico infantil del siglo XXI”. Asegura que muchos niños, ucranianos antes de la ocupación, perdieron a sus padres en combates o fueron documentados como rusos para “legalizar secuestros”. Las fichas omiten información sobre la ausencia de los padres, intensificando las críticas.
La polémica se enmarca en denuncias internacionales por traslados forzosos de menores. En 2023, la CPI emitió órdenes de arresto contra Vladímir Putin y María Lvova-Belova por deportaciones ilegales. Rusia defiende estas acciones como “medidas de seguridad” para proteger a los niños en zonas de conflicto, según María Zajárova.
La base de datos ha desatado indignación global, al considerarse una violación de derechos humanos que expone a los menores a riesgos de explotación bajo el pretexto de adopción o tutela en un contexto de ocupación.
