El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional abrió una investigación contra la legisladora Mónica Palacios, de la bancada de la Revolución Ciudadana, tras sus declaraciones en las que acusó al presidente Daniel Noboa y a su esposa de presuntos vínculos de tráfico de influencias con una empresa minera.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, Palacios podría enfrentar sanciones que van desde una amonestación escrita hasta la suspensión temporal sin sueldo, si se determina que incurrió en faltas al Código de Ética de la Asamblea.
La acusación generó un fuerte debate político en el pleno y en redes sociales. Desde el oficialismo calificaron las declaraciones como infundadas y un intento de “dañar la institucionalidad”, mientras que la legisladora defendió su postura señalando que actuó en cumplimiento de su labor de fiscalización.
El CAL analizará las pruebas y argumentos presentados antes de remitir el caso al Comité de Ética, que será el encargado de recomendar una sanción o archivar el expediente. La resolución final deberá ser votada por el pleno de la Asamblea Nacional.
Este episodio se suma al ambiente de confrontación política en el Legislativo, donde los cuestionamientos al Gobierno y las acusaciones cruzadas entre bancadas han marcado las últimas semanas.
