La batalla legal entre los estados de tendencia liberal y la administración de Donald Trump ha escalado a los tribunales federales. Minnesota e Illinois han emprendido acciones legales para intentar bloquear o limitar las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), argumentando que las tácticas de arrestos masivos en escuelas, centros comerciales y vecindarios urbanos están afectando la paz social. Sin embargo, analistas legales de alto nivel han señalado que estas demandas enfrentan un panorama adverso, calificando los argumentos estatales como prácticamente carentes de base jurídica sólida.
El analista legal sénior y exfiscal federal Elie Honig explicó que, aunque los estados utilizan un lenguaje dramático en sus quejas debido a la magnitud de los arrestos, esto no altera el cálculo constitucional. Según Honig, no es jurídicamente viable solicitar a un tribunal que prohíba de forma general al Ejecutivo federal ejercer sus facultades en materia migratoria. La administración de Trump ha intensificado estas medidas en el marco de sus promesas de regular la inmigración ilegal, lo que ha resultado en miles de detenciones en los últimos meses, incluso durante manifestaciones públicas.
La controversia se centra en si las tácticas de ICE son inconstitucionales o si simplemente representan un uso agresivo de leyes ya existentes. Los expertos advierten que, si bien se puede acudir a las cortes para denunciar abusos específicos o excesos de fuerza, pedir un dictamen teórico que impida la aplicación de la ley federal en un territorio estatal es algo sin precedentes y “totalmente injustificado”. Por ahora, los tribunales deberán decidir si permiten que los operativos continúen bajo la doctrina de la política “America First” o si establecen límites a la discrecionalidad del ente migratorio.
