Más de 100 camioneros independientes y de pequeñas empresas de Carchi paralizaron la vía E-35, desde Bolívar hasta Julio Andrade, el 19 de mayo de 2025, desde las 08:00, para exigir mayor seguridad en las carreteras que conectan la Sierra con la Costa. La protesta, que bloqueó la movilidad en esta arteria clave entre Ibarra y el puente internacional de Rumichaca, respondió a la creciente ola de asaltos, secuestros y extorsiones que afectan al sector del transporte pesado. Los manifestantes, con cláxones activados y carteles, demandaron una respuesta efectiva del gobierno, culminando en un plantón pacífico frente al Gobierno Autónomo Parroquial de Julio Andrade tras las 10:30.
Los camioneros denuncian que al menos cuatro camiones son asaltados mensualmente en rutas críticas como Baba-El Empalme-Quevedo y Babahoyo-Ventanas-Quevedo, con pérdidas estimadas entre $12,000 y $15,000 por vehículo. En la semana previa, dos camiones que transportaban azúcar y maíz fueron robados en Quevedo y Buena Fe, con los conductores secuestrados y demandas de rescate de $5,000 por tripulante y $14,000 por camión. Las bandas delictivas también hurtan las cargas, afectando a productores y comerciantes de la Costa. “Estamos cansados de estos perjuicios”, afirmó un transportista, exigiendo la presencia permanente de Policía Nacional y el retorno de militares a estas rutas.
La inseguridad ha convertido tramos como Santo Domingo-Guayaquil en zonas de alto riesgo, bautizadas como el “triángulo de las Bermudas” por los conductores, donde entre tres y cuatro robos ocurren diariamente. Según Pablo Cerón, presidente de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi, hasta 90 vehículos son robados al mes, aunque muchos casos no se denuncian por temor. Las extorsiones incluyen el robo de tarjetas bancarias y amenazas de incendiar los camiones si las víctimas alertan a las autoridades. En 2023, la asociación reportó pérdidas superiores a $300,000 en dos asaltos en Ventanas y Zapotal, con conductores asesinados por estas bandas.
La protesta, apoyada por el Comité Cívico del Carchi, refleja una frustración acumulada tras reuniones infructuosas con autoridades, incluyendo al Ministerio del Interior y Defensa. Los transportistas piden tres medidas concretas: militarización permanente de las carreteras, instalación de antenas móviles para mejorar la cobertura telefónica en zonas vulnerables y la eliminación de radares y fotomultas. Sin embargo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, descartó la militarización total por falta de personal, aunque aseguró operativos en Guayas, Los Ríos y Santo Domingo.
El bloqueo afectó el comercio binacional y dejó varados a viajeros, generando críticas en redes sociales como X, donde usuarios como @EnfokeNews reportaron al menos 10 robos semanales en rutas de Babahoyo, Quevedo y Balzar. La Universidad Politécnica del Carchi suspendió clases presenciales, pasando a modalidad virtual, mientras taxis y buses urbanos operaron con normalidad para no afectar el casco urbano de Tulcán. La Policía Nacional dispuso un corredor de seguridad desde Rumichaca hasta Guayaquil, pero los transportistas advierten con radicalizar la medida, incluyendo un posible cierre del puente de Rumichaca, si no hay soluciones concretas.
La situación subraya el deterioro de la seguridad en las carreteras ecuatorianas, donde el transporte pesado, vital para la economía, enfrenta riesgos crecientes. Los camioneros, respaldados por comunidades locales, exigen que el gobierno actúe con firmeza para desmantelar las redes criminales que operan con impunidad, mientras la provincia de Carchi, clave para el comercio con Colombia, permanece en alerta ante la falta de garantías para sus trabajadores.
