Las cancillerías de Ecuador y Colombia establecieron un canal de comunicación para abordar la tensión bilateral surgida por la implementación de un gravamen del 30 % a las importaciones colombianas. La medida, que entrará en vigor este 1 de febrero de 2026, ha sido defendida por la administración de Daniel Noboa como una acción estrictamente vinculada a la seguridad y al control del crimen organizado transnacional. Según el comunicado oficial de la cartera de Estado ecuatoriana, la postura nacional ya fue transmitida a sus homólogos colombianos, enfatizando que no se trata de una disputa de índole comercial o política.
La respuesta de Bogotá incluyó el anuncio de aranceles recíprocos para productos ecuatorianos y la suspensión inmediata de la venta de energía eléctrica hacia el territorio nacional. En el ámbito diplomático, Colombia ha propuesto adelantar las reuniones de alto nivel en Panamá para buscar una salida al conflicto que ya afecta las proyecciones económicas regionales. Mientras la ministra de la Producción de Ecuador insta a una cooperación efectiva en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno colombiano analiza las implicaciones técnicas de las medidas de control impuestas en la zona de frontera.
