La ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó este lunes que la denuncia por la posible “tentativa de asesinato” contra la caravana presidencial, atacada el pasado 7 de octubre en el cantón El Tambo (Cañar) mientras transportaba al presidente Daniel Noboa, sigue su curso legal. Manzano, quien firmó la denuncia como abogada en apoyo a la Secretaría de Comunicación, defendió la calificación del delito, indicando que, al margen de si el ataque fue con piedras, palos o proyectiles, el acto constituye una tentativa de asesinato. La funcionaria señaló que la denuncia fue interpuesta a las pocas horas del incidente y que están a la espera del reconocimiento de la firma para aportar más información a la investigación.
Sin embargo, el proceso judicial enfrenta complicaciones. El 8 de octubre, la jueza penal de Azogues, Érika Álvarez, resolvió declarar ilegal la aprehensión de cinco personas (María Ana Ch. Q., Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G.) que fueron detenidas tras el ataque. La jueza dictaminó la ilegalidad argumentando que existieron violaciones al debido proceso, como no leerles sus derechos en el momento oportuno o mantenerlos incomunicados de sus abogados o familiares.
Pese a la resolución judicial que impidió la activación del órgano jurisdiccional contra los sospechosos por ataque o resistencia, la fiscal Martha Villamarín Paredes aclaró que el Ministerio Público continuará con la investigación previa. La Fiscalía no llegó a formular cargos contra los detenidos en la audiencia, que se centró en la legalidad de la aprehensión. La ministra Manzano, por su parte, indicó que la Fiscalía tiene que seguir con el curso de la investigación para que el caso del ataque a la caravana presidencial no quede en la impunidad.
