El abogado Eduardo Carmigniani, procurador judicial de la editorial Granasa, denunció en una entrevista internacional el intento de toma de control de los diarios Expreso y Extra por parte del Estado ecuatoriano. La intervención, ejecutada por la Superintendencia de Compañías, se originó tras la negativa de la empresa a entregar información estratégica y secretos empresariales a la secretaría pública Inmobiliar. Carmigniani calificó este acto como un hostigamiento directo del gobierno de Daniel Noboa, motivado por la incomodidad que generan las investigaciones periodísticas independientes y las críticas publicadas por ambos rotativos.
La disputa legal se centra en el 2,56 % de las acciones de la compañía, un paquete que el Estado reclama como bien incautado, mientras que la defensa sostiene que pertenece legalmente al director del medio. El jurista advirtió que la solicitud de datos sobre clientes, proveedores y estrategias legales representa una vulneración a la libertad de prensa y un ensayo para sojuzgar el pensamiento independiente. Pese a la presencia del interventor estatal, la directiva de Granasa ratificó que no modificará su postura informativa ni cederá ante las presiones gubernamentales que buscan silenciar el ejercicio periodístico mediante la vía administrativa.
