La administración de Donald Trump se adjudicó el reciente anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, señalando que las excarcelaciones son el resultado directo de su estrategia de “máxima presión”. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que estas medidas demuestran la influencia del presidente estadounidense para favorecer tanto a sus ciudadanos como al pueblo venezolano. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, detalló ante el Congreso que el plan de acción actual se enfoca en una secuencia de intervenciones diseñadas para evitar que la nación sudamericana caiga en el caos, utilizando mecanismos de control económico y la denominada “cuarentena” como herramientas fundamentales para moldear el nuevo escenario político tras la caída del antiguo régimen.
Como parte de esta fase de estabilización, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó el inicio de negociaciones comerciales con Estados Unidos para la venta de crudo bajo criterios de transparencia y legalidad. El presidente Trump informó que los fondos generados por estas transacciones no serán de libre disposición, sino que estarán condicionados a la compra obligatoria de productos fabricados en Estados Unidos. Este acuerdo incluye la adquisición de bienes agrícolas, suministros médicos de alta tecnología y equipos especializados destinados a la recuperación de la crítica red eléctrica venezolana. Con este movimiento, Washington asegura una supervisión directa sobre los recursos estratégicos del país, mientras avanza en el desmantelamiento de las estructuras financieras que sostenían a la administración depuesta.
