El caso de la destitución del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz, ocurrida en febrero de 1997 por “incapacidad mental” decretada por el entonces Congreso Nacional, ha avanzado a la fase de informe de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 12 de noviembre, el Estado ecuatoriano presentó sus descargos y justificaciones, cumpliendo con el plazo de tres meses notificado por la CIDH. Según el abogado del exmandatario, Jorge Sosa, la defensa del Estado se centró en “cuestiones de forma”, argumentando excepciones preliminares como la atemporalidad de la demanda, el abuso de la petición y la falta de agotamiento de recursos internos.
La notificación de la CIDH indica que la petición, identificada como P-1789-15 Ecuador, está “procesalmente lista” para que la Comisión se pronuncie sobre su admisibilidad con base en la información disponible en el expediente. Una vez aprobado el informe de admisibilidad, el caso pasará a la etapa de fondo, donde la CIDH podría declarar violaciones a derechos humanos, sugerir reparaciones al Estado y, en última instancia, definir un monto de indemnización a favor de la víctima.
