El arresto del alcalde de Pujilí, José Arroyo, investigado por el presunto delito de peculado dentro del denominado caso Ornato Municipal, abrió un nuevo debate legal en Ecuador. Según reportes policiales, el funcionario se identifica en su cédula de identidad como mujer y así lo manifestó también a los agentes durante su detención.
La situación plantea un vacío legal sobre el centro penitenciario al que deberá ser trasladado, pues la normativa penitenciaria contempla que las personas privadas de libertad cumplan su condena en cárceles acordes a su género legal y, en casos de diversidad sexual, bajo condiciones que garanticen su integridad y derechos. Sin embargo, la legislación no establece procedimientos claros para casos de personas trans o con cambio de género registral que enfrentan delitos de esta naturaleza.
Arroyo fue detenido en un operativo que incluyó 20 allanamientos en el cantón Pujilí y otras localidades de Cotopaxi, donde también fueron arrestadas otras 16 personas, entre ellas 13 funcionarios municipales, tres particulares y una funcionaria pública. La investigación de la Fiscalía General del Estado apunta a un presunto desvío irregular de recursos públicos destinados a obras y servicios municipales.
Por ahora, el Ministerio de Gobierno y el sistema de rehabilitación social deberán decidir si el alcalde será ingresado a un centro de detención masculino o femenino, decisión que podría sentar un precedente para casos similares en el futuro.
