junio 14, 2025 | Actualizado ECT
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Caso Triple A: reinicia audiencia contra 22 acusados por tráfico ilegal de combustible

Alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, entre los investigados.

Escrito por Abel Cano

junio 13, 2025 | 10:15 ECT

El juez anticorrupción Renán Andrade reinstaló el 13 de junio de 2025, a las 09:00, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 22 personas naturales y jurídicas, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por presunto almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de combustibles en el caso Triple A. La diligencia, suspendida el 27 de mayo por falta de información en el expediente, se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito.

El fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, lidera la acusación contra 16 personas naturales, como Alvarez, Fernando V., José C., y Lady C., y seis empresas, entre ellas Fuelcorp S.A., Codepesa S.A., y Harsajudi S.A. La Fiscalía sostiene que estas comercializaron grandes cantidades de diesel subsidiado, desviado a sectores automotrices, industriales, navieros y mineros en zonas fronterizas, causando un perjuicio económico al Estado. Alvarez, vinculado al caso el 10 de abril de 2025, asistirá a la audiencia alrededor de las 11:00 del viernes.

La audiencia, programada para los días 13, 14 y 15 de junio, abordará alegaciones de nulidades procesales y revisiones de medidas cautelares solicitadas por los procesados. Se suspenderá hasta el 20 de junio, cuando el juez decidirá sobre la validez procesal. Si se confirma, la Fiscalía presentará pruebas periciales, testimoniales y documentales los días 20, 21 y 22 de junio, junto con la acusación particular y las defensas. La instrucción fiscal, iniciada el 16 de diciembre de 2024, culminó el 10 de mayo de 2025 tras 120 días de investigación.

El caso Triple A expone una presunta red de distribución irregular de combustible, con estaciones en áreas mineras fronterizas como principales puntos de desvío. La investigación, que comenzó con cinco personas y cinco empresas, se amplió en abril para incluir a Alvarez y otros sospechosos, aumentando el escrutinio sobre la transparencia en el comercio de combustibles y su impacto en las finanzas públicas ecuatorianas.

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