Un Tribunal de Juzgamiento ha sido conformado para el “Caso Triple A”, una investigación sobre la comercialización ilegal de hidrocarburos que se produce en el país. El caso, que involucra a 16 personas y seis empresas, ha generado una gran polémica, ya que uno de los acusados es el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Según la Fiscalía, la red criminal causó una pérdida económica al Estado de 61,5 millones de dólares, por la venta ilegal de más de 22 millones de galones de diésel y gasolina.
El juez Renán Andrade ha llamado a juicio a todos los acusados, a pesar de las críticas de la defensa de Alvarez, que argumenta que no se analizaron adecuadamente sus argumentos. La Fiscalía ha presentado 250 elementos de convicción para sustentar la acusación de almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de derivados de petróleo. Se sospecha que el diésel subsidiado era desviado a sectores no designados, como zonas mineras, lo que generó un gran perjuicio económico al Estado.
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