El Consejo de Educación Superior (CES) iniciará una investigación en la Universidad Agraria del Ecuador tras denuncias de presuntas irregularidades administrativas, financieras y académicas, presentadas por docentes y trabajadores el 28 de abril de 2025. Las acusaciones señalan a la rectora Tamara Borodulina, en el cargo desde abril de 2024, por supuesta corrupción, contrataciones irregulares y actos de intimidación, incluyendo la presencia de personal armado en el campus de Guayaquil. La Comisión de Universidades del CES recomendó al Pleno abrir la indagación, que podría derivar en sanciones o intervención.
Las denuncias, respaldadas por docentes como Carlos Amador y Kléver Cevallos, incluyen el uso indebido de recursos, como vehículos para fines políticos, y la contratación de unas 100 personas sin concurso de méritos. También se reportaron amenazas por parte de José Luis Llerena, asesor de la rectora sin nombramiento oficial, quien habría presionado para agilizar pagos y contratos. Un caso destacado es el de un guardia obligado a firmar un contrato de $60,000 sin conocer su contenido. Estas irregularidades, según los denunciantes, afectan el funcionamiento académico, retrasando el inicio de clases al 28 de abril en modalidad virtual.
El CES, liderado por Pablo Beltrán, recibió tres denuncias formales y espera un informe de Borodulina, solicitado tras un conversatorio el 16 de abril. Mientras, el Consejo Universitario pidió la intervención del Gobierno y del Ministerio del Trabajo para resolver la paralización de actividades. La tensión escaló con una medida cautelar judicial que permitió a la rectora reingresar al campus, desatando protestas del personal, que exige su renuncia. La investigación del CES será clave para determinar el futuro de la universidad, en medio de un clima de discordia que afecta a estudiantes y trabajadores.