El proceso judicial por la desaparición forzada de los cuatro menores, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, conocido como el Caso Las Malvinas, ha tomado un giro crucial con la revelación de conversaciones privadas entre los dieciséis militares de la FAE (Fuerza Aérea Ecuatoriana) procesados. Según el expediente fiscal, al que accedió Ecuavisa.com, tres días después de la aprehensión de los jóvenes en el sur de Guayaquil, los uniformados crearon un grupo de WhatsApp denominado “Asesoría jurídica militar”. En este chat, que llegó a tener diecinueve participantes, los militares coordinaron acciones para manejar la crisis legal. Se evidencia que los primeros mensajes buscaban tranquilizar al grupo, mientras que rápidamente se sugirió la contratación de un abogado para evitar “hundirse nosotros mismos”. Posteriormente, se reveló que también se realizaron reuniones por Zoom para garantizar que existiera una “sola versión” de los hechos antes de rendir testimonio ante la fiscalía, una medida que, según los mensajes, fue aconsejada por el abogado para evadir el procesamiento en el ámbito penal. Estos hechos contrastan con la versión inicial del subteniente John Z., quien dio la disposición de dejarlos en libertad y afirmó que a los menores se “los llevamos y los dejamos con vida”.
Las conversaciones también exponen las contradicciones y el nerviosismo dentro del grupo militar, así como el temor a ser “vendidos” por sus superiores. Un uniformado llegó a preguntar qué se comentaba en la promoción, a lo que otro contestó que “la cosa era a la interna y no hay nada de nada”. En el chat, se aseguraba que las cámaras del ECU 911 no habían captado nada, pero otro uniformado replicó que “sí había un video desde arriba”, grabación que ya estaba en manos del teniente coronel Juan Francisco I., también procesado. En medio de la discusión, un militar planteó dos hipótesis sobre la desaparición: que un GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) los había secuestrado o que los propios menores se habían “hecho autosecuestro” tras ser liberados. La instrucción fiscal, que incluyó el peritaje de dieciséis celulares, permitió hallar las pruebas de las prendas de vestir quemadas de los menores encontradas en el camino de tercer orden en Taura, donde la segunda reconstrucción de hechos señaló que el subteniente ordenó desvestirlos y arrojar su ropa a un costado. Los militares fueron procesados por desaparición forzada y enviados con prisión preventiva el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, con el caso actualmente en etapa de juicio.
