La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, programada para este domingo, 14 de diciembre, confrontará a la exministra de Trabajo Jeannette Jara con el líder ultraconservador José Antonio Kast. Más de 15.7 millones de chilenos están convocados a elegir al sucesor de Gabriel Boric en un ambiente electoral descrito como escaso, con poca presencia de propaganda política y una ciudadanía más enfocada en las festividades de fin de año que en las urnas. A pesar del bajo clima electoral, el resultado de esta contienda definirá el rumbo político del país, que enfrenta una profunda fragmentación parlamentaria y persistentes tensiones sociales. Jara, candidata de una amplia coalición progresista que incluye desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, ganó la primera vuelta con el 26.9% de los votos. Sin embargo, los análisis advierten que su potencial de crecimiento es limitado debido a la impopularidad que arrastra el actual Gobierno. Su campaña se ha centrado en defender políticas sociales como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, y ha instado al electorado a participar para evitar el voto nulo o blanco, enfatizando lo mucho que está en juego en esta elección.
Por su parte, José Antonio Kast, abogado y líder del Partido Republicano, parte como favorito en esta segunda vuelta. Kast quedó en segundo lugar con el 23.9% de los sufragios, pero rápidamente recibió el apoyo de la derecha tradicional y la extrema derecha, lo que le otorga más del 50% de respaldo potencial. Su estrategia de campaña se ha basado en la moderación de su discurso en temas valóricos, enfocándose firmemente en la seguridad pública, la delincuencia y la migración irregular. El ultraconservador ha prometido aplicar medidas estrictas como expulsiones masivas y la construcción de cárceles de máxima seguridad. Aunque ha sido señalado como heredero del pinochetismo, Kast ha evitado profundizar en su relación con el legado de la dictadura en el cierre de campaña. Más allá de quien gane, el próximo presidente, que asumirá el 11 de marzo, enfrentará un desafío de gobernabilidad inédito: un Congreso profundamente dividido, donde la derecha y la ultraderecha controlan una porción significativa de los votos, lo que hará indispensable el diálogo para la construcción de acuerdos políticos.
