En la reciente cumbre del Foro China-CELAC celebrada en Pekín, el presidente chino Xi Jinping reafirmó el compromiso de su país para fortalecer los lazos económicos con América Latina y el Caribe, anunciando una línea de crédito de 9,200 millones de dólares destinada a financiar proyectos en la región. Esta iniciativa, que se suma a nuevas inversiones en infraestructura, busca consolidar la presencia de China como un actor clave en el desarrollo económico latinoamericano, en un contexto marcado por tensiones comerciales globales y una creciente rivalidad con Estados Unidos.
Según el mandatario chino, el objetivo es impulsar el comercio de productos de alta calidad y fomentar la cooperación en sectores estratégicos como energía, tecnología y transporte. La línea de crédito, expresada en yuanes, refleja el interés de Pekín por promover el uso de su moneda en transacciones internacionales, aunque su monto es inferior al ofrecido en el foro inaugural de 2015, lo que algunos analistas atribuyen a una desaceleración económica en China.
Países como Brasil, Chile y Colombia, representados por sus presidentes en la cumbre, destacaron la importancia de esta relación comercial. Brasil, por ejemplo, subrayó la necesidad de diversificar sus exportaciones hacia China, más allá de materias primas, para incluir productos tecnológicos y de mayor valor agregado. Sin embargo, también se hicieron eco de preocupaciones sobre la dependencia económica de China, instando a un equilibrio en las relaciones comerciales.
El anuncio se produce en medio de una guerra arancelaria con Estados Unidos, liderada por el presidente Donald Trump, lo que ha llevado a China a buscar aliados estratégicos en el Sur Global. Xi Jinping aprovechó la oportunidad para criticar el proteccionismo y abogar por un modelo de cooperación basado en el beneficio mutuo, sin condiciones políticas.
A pesar del entusiasmo, expertos advierten que las inversiones chinas deben ir acompañadas de regulaciones que mitiguen impactos sociales y ambientales, recordando proyectos pasados que generaron controversia en países como Ecuador y Perú. La región, por su parte, enfrenta el desafío de aprovechar estas oportunidades para fomentar un desarrollo sostenible y reducir desigualdades estructurales.
