El sistema judicial de China procesó a 40 000 personas implicadas en 36 000 casos de corrupción durante el último año, según el reporte presentado por el presidente del Tribunal Supremo, Zhang Jun, ante la Asamblea Nacional Popular. Entre los procesados figuran 57 altos funcionarios, destacando la condena a muerte suspendida de Tang Renjian, exministro de Agricultura y Asuntos Rurales, por la aceptación de sobornos masivos. Asimismo, se informó sobre la sentencia de 15 años de prisión para Luo Baoming, exvicepresidente de un comité legislativo clave, y la ejecución en diciembre pasado de Bai Tianhui, exdirectivo del banco estatal Huarong, vinculado a sobornos por 156 millones de dólares.
La ofensiva judicial, que forma parte de la campaña de disciplina interna impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2012, también puso el foco en las “puertas giratorias” entre el gobierno y el sector privado, así como en beneficios pactados a futuro. Los tribunales resolvieron más de 2 700 casos específicos de soborno, marcando un aumento interanual del 10.1%. Además de las sanciones penales, las autoridades coordinaron esfuerzos internacionales para la recuperación de activos, logrando confiscar aproximadamente 2 600 millones de dólares en ganancias ilícitas. Aunque Pekín defiende estas medidas como una purga necesaria para la integridad del Estado, analistas externos sugieren que la intensidad de estas investigaciones también cumple la función de consolidar el control político sobre las estructuras de poder.
