El 13 de junio de 2025, Gabriel René Salvador Lema presentó la primera demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional a propuesta del presidente Daniel Noboa. La norma, tramitada con carácter económico-urgente, regula acciones de autoridades y fuerza pública en el conflicto armado interno y ofrece incentivos tributarios para donaciones de equipos a instituciones que combaten el crimen organizado. La demanda, asignada por sorteo a la jueza Teresa Nuques, busca declarar la ley inconstitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Salvador argumenta que la ley viola la Constitución al otorgar al presidente atribuciones excepcionales no permitidas, incumpliendo principios que establecen la supremacía constitucional y el respeto a los derechos humanos. También señala que no cumple con el requisito de unidad de materia ni con el tratado de Ginebra de 1949, ratificado por Ecuador, sobre los requisitos para declarar un conflicto armado interno. Además, critica que el indulto presidencial previsto en la ley no se ajusta a la normativa constitucional, que exige apego estricto a la ley.
Otro punto de la demanda es el carácter inequitativo de los incentivos tributarios, que según Salvador contravienen el principio de progresividad impositiva al beneficiar a sectores específicos. La acción legal refleja preocupaciones sobre la legalidad y el impacto de la norma en un contexto de creciente inseguridad. La resolución de la Corte Constitucional determinará si la ley se mantiene o es anulada, marcando un precedente en la regulación del conflicto armado interno y las políticas tributarias en Ecuador.
