La tensión entre Bogotá y Quito ha pasado del plano de las redes sociales al de los canales diplomáticos formales. Este jueves 22 de enero de 2026, se conoció que la Cancillería de Colombia envió una nota de protesta oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, expresando su “más enérgico rechazo” al anuncio de una tasa de seguridad del 30 por ciento a las importaciones colombianas. Colombia argumenta que esta medida, prevista para entrar en vigor el 1 de febrero de 2026, viola el Acuerdo de Cartagena y el principio de libre comercio de la Comunidad Andina (CAN), que prohíbe imponer gravámenes a bienes originarios de países miembros.
Para frenar una posible escalada, el Gobierno de Gustavo Petro propuso realizar una reunión ministerial de alto nivel el próximo 25 de enero de 2026 en la ciudad fronteriza de Ipiales, Nariño. En este encuentro participarían los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de ambas naciones. Colombia sostiene que las razones de Daniel Noboa —quien acusó falta de apoyo en la frontera— ignoran la “estrecha e histórica cooperación” existente y los resultados del Plan de Acción Resolutivo (Decisión 922 de la CAN) contra el crimen transnacional, el cual ha sido liderado por Bogotá y celebrado anteriormente por ambos gobiernos.
A pesar de la voluntad de diálogo expresada en la nota enviada desde el despacho de la viceministra de Relaciones Exteriores, Colombia advirtió que no se quedará de brazos cruzados. Si Ecuador no desiste de aplicar el arancel, el gobierno colombiano aplicará el “principio de reciprocidad”, lo que derivaría en medidas comerciales equivalentes contra productos ecuatorianos. Este escenario de “ojo por ojo” comercial amenaza con romper la integración regional en un momento donde la cooperación en seguridad y energía es vital para la estabilidad de la frontera de 600 kilómetros que comparten ambos países en este inicio de 2026.
