La Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, presidida por Viviana Veloz, sesionó el 19 de mayo de 2025 para abordar la desaparición de tres menores de edad en un operativo militar en Las Malvinas, Guayaquil, ocurrido el 11 de diciembre de 2024. La instancia, integrada por legisladores de Revolución Ciudadana (RC), Acción Democrática Nacional (ADN), Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, recibió a familiares de los menores, representantes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Los asambleístas buscan esclarecer si el caso constituye una desaparición forzada, como denunciaron las familias, y determinar responsabilidades en el contexto del conflicto armado interno declarado en 2024.
La sesión, convocada tras el hallazgo del cuerpo de un cuarto menor, Jordan C., en el estero Salado el 15 de mayo de 2025, incluyó el testimonio de los padres, quienes relataron que los adolescentes, de entre 13 y 17 años, fueron detenidos por militares en un operativo contra el narcotráfico, sin que se haya precisado su paradero desde entonces. La Defensoría del Pueblo señaló que las Fuerzas Armadas no han proporcionado información clara, mientras que la Fiscalía indicó que investiga el caso como desaparición involuntaria, sin descartar otras hipótesis. El MIES, por su parte, destacó sus esfuerzos para acompañar a las familias, aunque los padres criticaron la falta de avances concretos. Viviana Veloz, quien ha priorizado este caso en su agenda legislativa, exigió la comparecencia del comandante general de la Policía, Freddy Garcés, y del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, para el 21 de mayo, subrayando que la Asamblea no será “cómplice ni encubridora” de posibles violaciones de derechos humanos.
La investigación ha generado tensiones políticas. La bancada de RC, liderada por Veloz, ha acusado al gobierno de Daniel Noboa de encubrir una posible desaparición forzada, mientras que asambleístas de ADN, como Ronal González, han instado a no politizar el caso y esperar los resultados de la Fiscalía. La sesión también abordó el impacto del conflicto armado en los derechos de los menores, con datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana que reportan 127 menores víctimas de violencia en Guayaquil en 2024. La Comisión acordó emitir un informe preliminar para el pleno de la Asamblea y solicitar medidas cautelares a organismos internacionales si se confirman irregularidades. El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, pone en el centro el debate sobre el uso de la fuerza militar en operativos urbanos y la protección de los derechos de la niñez en contextos de violencia.
