Los migrantes en Estados Unidos enfrentan un creciente riesgo de estafas por parte de falsos abogados de inmigración, quienes se aprovechan de su necesidad de regularizar su estatus. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), solo abogados con licencia o representantes acreditados por el Departamento de Justicia (DOJ) pueden ofrecer asesoría legal migratoria. Sin embargo, estafadores, a menudo autodenominados “notarios”, “consultores” o “contadores”, engañan a víctimas con promesas de soluciones rápidas, cobrando altas sumas por servicios fraudulentos que pueden dañar procesos migratorios.
En países latinoamericanos, “notario” implica formación jurídica, pero en EE. UU. los notarios solo certifican firmas, no están autorizados para asesorar en inmigración. Los fraudes incluyen formularios con información falsa, cobros por documentos gratuitos de USCIS o promesas de acelerar trámites, como la lotería de visas, que es gratuita y aleatoria. Casos recientes, como el de Gilma Ramírez, quien perdió $525 tras contactar a una falsa abogada en TikTok, o víctimas que pagaron hasta $26.000 por audiencias migratorias ficticias, destacan la magnitud del problema.
Para protegerse, USCIS y la Comisión Federal de Comercio (FTC) recomiendan: verificar la licencia de abogados en el colegio estatal, consultar listas de representantes acreditados del DOJ, evitar firmar formularios en blanco o falsos, no entregar documentos originales y desconfiar de sitios web sin dominio “.gov”. Las estafas pueden reportarse a la FTC (1-877-382-4357 o ReporteFraude.gov) o al USCIS. Organizaciones como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ofrecen recursos para encontrar ayuda legal confiable. La FTC enfatiza que los migrantes, temerosos de denunciar por su estatus, son blancos fáciles, pero reportar fraudes es clave para proteger a la comunidad.
