El 2 de agosto de 2025, la condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por fraude procesal y soborno intensifica la división en Colombia. La sentencia, dictada por la jueza Sandra Heredia, incluye una multa de 3.400 millones de pesos (822.000 USD) y 8 años de inhabilitación política, desatando un debate sobre justicia, persecución política y debido proceso.
Seguidores, como el expresidente Iván Duque, defienden la presunción de inocencia de Uribe, pidiendo su libertad durante la apelación y señalando irregularidades procesales. En contraste, el senador Iván Cepeda, víctima en el caso, acusa a Uribe de perseguir al poder judicial y buscar impunidad, comparándolo con el caso de Jair Bolsonaro. Un grupo de 38 juristas criticó la orden de privación inmediata de libertad, alegando violaciones a derechos humanos y al debido proceso.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó a respetar la independencia judicial y no estigmatizar a Heredia, insistiendo en que el caso no es político sino jurídico. El presidente Gustavo Petro, sin mencionar a Uribe, aludió al fallo con referencias literarias en X. La polarización, amplificada por reacciones internacionales de congresistas republicanos de EE.UU., refleja las tensiones entre izquierda y derecha en un caso que sigue sin resolución definitiva.
