La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, mantienen una confrontación pública debido a los avances y desembolsos del proyecto Viaducto Sur, mejor conocido como el Quinto Puente, una obra clave para la movilidad en Ecuador. La controversia se inició luego de que Aguiñaga alertara en una entrevista televisiva sobre el riesgo inminente de paralización de la obra por la supuesta falta de fondos adicionales por parte del Gobierno nacional. Según la prefecta, de los ciento veinte millones de dólares necesarios para las obras complementarias, solo se habrían entregado treinta y cinco millones de dólares, lo que impide el progreso normal de la construcción y presiona al contratista a detener los trabajos. Esta acusación escaló rápidamente a una confrontación en redes sociales, donde el ministro Luque respondió para desmentir la versión y cuestionar la transparencia en la gestión de los recursos ya transferidos a la prefectura.
El ministro Luque utilizó su cuenta de X para aclarar que el Gobierno ha garantizado la totalidad de los ciento veinte millones de dólares para el proyecto y que, de hecho, se realizó un anticipo inicial de treinta y cinco millones de dólares, más un pago adicional de diez millones de dólares, totalizando cuarenta y cinco millones de dólares inyectados al proyecto. Basándose en un informe bimestral de la Prefectura, Luque interrogó el destino del resto del dinero al señalar que solo se han planillado diecinueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y un dólares con veintiocho centavos, poniendo en duda la ejecución de los fondos por parte de la Prefectura. Además del aspecto financiero, el ministro exigió a la prefecta explicaciones técnicas sobre el avance físico de estructuras críticas como el puente Mojahuevo y el viaducto sobre el río Bulú Bulú. Luque recordó que el convenio entre el Ministerio de Transporte y la Prefectura condiciona los desembolsos al progreso económico, y ante las inconsistencias, advirtió que el Gobierno está “más que listo para hacerlo respetar”, invocando una cláusula de terminación unilateral del convenio si las trabas persisten o no se aclaran las dudas financieras. Aguiñaga, por su parte, replicó invitando a una reunión urgente para evitar “dimes y diretes” y revisar la
