La inmovilización de cuentas bancarias a más de 50 dirigentes y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro en Ecuador continúa vigente, a pesar del cese de las protestas del paro nacional hace más de una semana. Esta medida, catalogada por los afectados como una “clara persecución y hostigamiento”, está obstaculizando el desarrollo de proyectos y afectando los medios de vida de centenares de familias.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran la Alianza Ceibos, Yasunidos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Fundamento Legal y Acusaciones de Arbitrariedad
La medida se aplicó en atención al Artículo 17.3 de la Ley de Transparencia Social, que faculta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a disponer la inmovilización cautelar de fondos en el Sistema Financiero Nacional si identifica “indicios objetivos, graves y verificables” de operaciones sospechosas o vinculadas a posibles delitos financieros, basándose en informes de inteligencia.
Los afectados coinciden en un patrón de acción:
- Falta de Notificación: La inmovilización se ejecutó sin aviso previo ni notificación por parte de los bancos.
- Sin Orden Judicial: La medida se aplicó sin una orden de jueces especializados en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, como presuntamente establece la Ley.
- Fundamento Reservado: Se sustenta en un informe reservado de la UAFE.
La Alianza Ceibos denunció que la medida les ha impedido pagar honorarios, obligaciones tributarias y ha limitado su labor de acompañamiento comunitario.
Casos Individuales y Repercusiones
- Pedro Bermeo y David Fajardo (Yasunidos): Tienen sus cuentas bloqueadas desde el 28 de septiembre, lo que impide realizar transferencias y cumplir obligaciones. Bermeo además denunció que el reglamento a la Ley de Transparencia prohíbe a las organizaciones sociales realizar acciones que busquen paralizar la minería legal, vulnerando derechos de participación.
- Yaku Pérez (FOA): Alertó que la inmovilización afecta a líderes de comunidades, impidiendo que retiren dinero, cobren bonos y paguen servicios básicos. Pérez sostiene que la ley vulnera el derecho a la asociación, protesta y reunión.
- Ercilia Castañeda (Conaie): Afirmó que el objetivo de la medida es perseguir la lucha social, y sugirió que, de existir evidencias de enriquecimiento ilícito, se debe presentar la denuncia ante la Fiscalía.
- Carlos Poveda (Abogado): El jurista, quien ha trabajado con líderes indígenas, vio dos de sus cuentas inmovilizadas. Denunció que esto le ha impedido la compra de medicamentos para la diabetes, el pago de seguros y el pago a sus colaboradores.
Acciones Legales
En respuesta a la normativa, se han presentado seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC). Organizaciones como la Conaie, Acción Ecológica y Fundamedios buscan que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
Marlon Vargas (Presidente de la Conaie) y Gary Espinoza (Presidente de la Fenocin) han solicitado, mediante recursos de amicus curiae y medidas cautelares, que se levante el congelamiento de sus cuentas mientras se tramitan las demandas. Espinoza alegó que la acción se adoptó como “represalia por su rol de dirigente social” y que le impide cubrir necesidades básicas y adquirir medicamentos diarios para la diabetes.
