El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó una solicitud para que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Barros, los reconozca como víctimas en el caso Vidrio Libre y acepte la acusación particular que formula contra los procesados Wilman Terán, expresidente del CJ y exjuez de la CNJ; Anabell T. C., exjueza; Víctor Hugo Alcívar, exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas; y los abogados Edison Loaiza y Cristian Palacios, vinculados al exvicepresidente Jorge Glas.
Según la Fiscalía General, la asociación ilícita buscaba obtener de manera ilegítima la libertad de Glas, quien se encontraba condenado, mediante una serie de coordinaciones entre funcionarios judiciales y abogados. La estrategia involucró reuniones privadas, instrucciones al juez Emerson Curipallo y la presentación de medidas cautelares, que finalmente permitieron a Glas presentarse en libertad periódicamente y restringieron su salida del país.
El CJ argumenta que las acciones de los procesados afectaron directamente a la Función Judicial, atentando contra su misión, transparencia e imagen institucional. Por ello, busca que se reconozcan daños materiales e inmateriales y que se ordene reparación integral, incluyendo indemnización, garantías de no repetición y disculpas públicas.
La Fiscalía detalló que la conducta del grupo se concretó el 26 de noviembre de 2022, cuando se presentó la demanda de medidas cautelares, admitida dos días después por el juez Curipallo. De confirmarse las vinculaciones, la instrucción fiscal podría extenderse hasta 120 días; de no ser así, se cerraría el 11 de septiembre próximo para pasar a la etapa de evaluación y preparación de juicio.
