El 23 de abril de 2025, Contecon Guayaquil S.A., concesionaria del Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar desde 2007, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) contra siete artículos de la Ley General de Puertos de 1976 y su Reglamento General de la Actividad Portuaria. La acción, liderada por el gerente general Javier Lancha, cuestiona los artículos 4.c de la Ley y 2.11, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8 y 4.9 del Reglamento, que permiten a empresas privadas operar puertos mediante permisos administrativos otorgados por la Subsecretaría de Puertos, sin un proceso competitivo ni regulación clara. Según Contecon, estas disposiciones violan los artículos 314 y 316 de la Constitución de 2008, que establecen que los servicios públicos, como la actividad portuaria, son responsabilidad del Estado y solo pueden delegarse a privados en casos excepcionales justificados por el interés nacional, bajo estrictos procesos de delegación.
La demanda argumenta que las normas impugnadas generan competencia desleal al permitir que operadores privados, como la Terminal Portuaria de Guayaquil (TPG), gestionen actividades portuarias sin los controles aplicados a concesionarios como Contecon, que opera bajo un contrato hasta 2046 con inversiones que superan los $400 millones. Los artículos cuestionados, según el documento, facilitan la autorización de puertos privados con requisitos mínimos, lo que reduce los estándares de seguridad, eficiencia y fiscalización, afectando la competitividad del Puerto de Guayaquil, que maneja el 80% de las importaciones no petroleras del país. Además, Contecon señala que estas normas contradicen el artículo 424 de la Constitución, que consagra la supremacía constitucional, y carecen de un marco que garantice la transparencia en la gestión portuaria.
Un amicus curiae presentado por expertos legales, incluyendo a Henry Cucalón, Ramiro García, Gonzalo Muñoz, Fabian Pozo y Xavier Palacios, respalda la demanda, argumentando que la Ley de Puertos y su reglamento no se ajustan al modelo de delegación excepcional exigido por la Constitución de Montecristi. Los expertos destacan que la actividad portuaria, como servicio público estratégico, requiere un marco regulatorio claro que evite discrecionalidad administrativa y riesgos como la infiltración del crimen organizado, especialmente en un contexto de creciente narcotráfico a través de puertos. La Corte Constitucional aún no ha fijado fecha para la audiencia, pero el caso se suma a otras demandas recientes, como la de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) contra el Decreto Ejecutivo 1116, que también cuestiona la liberalización de actividades portuarias.
El proceso ha reavivado el debate sobre la modernización del marco jurídico portuario en Ecuador. Contecon subraya que el Puerto de Guayaquil, con 2.5 millones de TEUs (contenedores de 20 pies) movilizados anualmente, enfrenta desafíos por la falta de regulación homogénea, lo que podría debilitar su posición como hub logístico regional. La empresa también resalta su cumplimiento de estándares internacionales, como la certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce), frente a operadores que, según la demanda, operan sin controles similares. Mientras tanto, la Subsecretaría de Puertos no se ha pronunciado oficialmente, pero la resolución de la Corte será clave para definir el futuro de la gestión portuaria en el país, en un momento en que el comercio exterior representa el 20% del PIB ecuatoriano, según datos del Banco Central.
