La Contraloría General del Estado (CGE) identificó irregularidades en las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces de la Corte Constitucional, Alí Lozada Prado y José Luis Terán Suárez. Tras exámenes especiales realizados al periodo entre 2020 y 2025, el organismo de control determinó que los funcionarios no han logrado justificar documentadamente el origen de diversos activos y movimientos bancarios. En el caso de Lozada, expresidente del organismo, la observación se centra en más de 25.000 dólares distribuidos en cuentas nacionales y en el exterior, específicamente en Chile. Por su parte, Terán enfrenta cuestionamientos por un monto superior a los 70.000 dólares, vinculados a depósitos no sustentados y pagos de deudas de tarjetas de crédito.
El informe detallado sobre Alí Lozada revela que su patrimonio creció en 302.310 dólares durante el periodo analizado, impulsado principalmente por la adquisición de un inmueble valorado en 380.000 dólares en 2023. No obstante, la Contraloría halló depósitos en Ecuador por 7.184 dólares y en Chile por más de 17 millones de pesos chilenos que carecen de respaldo documental suficiente. Pese a que el magistrado presentó descargos aludiendo a actividades académicas, arriendos y préstamos familiares, el ente de control concluyó que las pruebas no permitieron verificar de forma completa la procedencia de los recursos. Además, se detectó la omisión de una cuenta bancaria activa y de un predio independiente en sus declaraciones.
En cuanto al juez José Luis Terán, la Contraloría remitió un informe a la Fiscalía este 30 de marzo de 2026 tras detectar 70.794 dólares sin justificar. El magistrado, quien se incorporó a la Corte en marzo de 2025, no presentó soportes sobre depósitos realizados en cuatro entidades financieras ni sobre los fondos utilizados para cancelar cuotas de préstamos y consumos en tarjetas de crédito por más de 13.000 dólares. El examen también evidenció que Terán declaró bienes inmuebles por valores inferiores a los avalúos catastrales municipales y omitió registrar cuatro tarjetas de crédito y los derechos de propiedad intelectual de una de sus obras jurídicas. Ambos casos se encuentran ahora bajo la lupa de las autoridades judiciales para determinar posibles responsabilidades.
