La Contraloría General del Estado detectó graves irregularidades en los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador con las empresas Progen y Austral Technical Management. Según las auditorías, los procesos para la instalación de generadores en Quevedo, El Salitral y Esmeraldas presentaron fallas estructurales, falta de licencias ambientales y el uso de equipos que no eran nuevos, contraviniendo las especificaciones técnicas. Estos hallazgos, que configuran un perjuicio económico para el Estado, motivaron el traslado de los expedientes a la Fiscalía General para investigar posibles delitos de peculado y tráfico de influencias.
En respuesta a estos informes, la ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó que los funcionarios responsables de estas contrataciones ya no forman parte del Gobierno Nacional. Entre los involucrados figuran exgerentes de unidades de negocio de Celec que suscribieron acuerdos por montos superiores a los 230 millones de dólares. Mientras el oficialismo sostiene que se han ejecutado garantías para proteger los recursos públicos, sectores de oposición en la Asamblea Nacional exigen una fiscalización profunda ante los retrasos que mantienen en duda la capacidad de generación eléctrica para el país.
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