La Contraloría General del Estado informó que no detectó el posible uso de recursos públicos en la campaña electoral del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, propuesto por el presidente Daniel Noboa.
El titular de la Contraloría, Mauricio Torres, declaró este 19 de noviembre que, si bien se activó un operativo de control y se inspeccionaron vehículos oficiales sin salvoconductos, “hasta el momento nunca detectamos que hubo recursos públicos en la campaña”.
Convenio con el CNE
La Contraloría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) suscribieron en enero de 2025 un convenio para coordinar acciones de control y vigilar el uso de vehículos e infraestructura oficiales, así como la participación de servidores públicos en horario laboral en actos proselitistas.
Este convenio se aplicó en la última elección, cuya campaña duró trece días (1 al 13 de noviembre) y contó con la participación de quince organizaciones, además del presidente Noboa, quien solicitó licencia por cinco días para realizar propaganda.
Observaciones de la MOE-OEA
A pesar de la declaración del Contralor, la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE-OEA) hizo un llamado al CNE, al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y a la Contraloría para investigar el posible uso de recursos públicos.
El informe preliminar de la OEA, divulgado el 18 de noviembre, relató que se les informó sobre dos acciones del Gobierno a pocos días de la votación:
- Bonos y Pagos: El anuncio del bono denominado Legado de Honor de $ 46 millones para unos 100 000 policías y militares activos.
- Estímulos a Funcionarios: El pago adelantado del decimotercer mes de sueldo a funcionarios públicos.
La MOE-OEA ve con preocupación que la entrega de recursos financieros tan cerca de la elección “pueda generar percepciones desequilibradas y posibles sesgos, en detrimento de la equidad en la contienda electoral”.
La misión también fue informada sobre publicidad del Banco del Pacífico (una sociedad anónima con participación estatal) que destacaba la palabra “Sí” en sus spots. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró entonces que la institución es privada.
