La Contraloría General del Estado emitió un comunicado rechazando categóricamente lo que denominó “expresiones de descalificación e intimidación” emitidas públicamente por el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, contra la institución y sus funcionarios.
La entidad anunció que, ante estos hechos, iniciará las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad de sus servidores y garantizar el respeto al ordenamiento jurídico.
El Informe Auditado
La controversia surge después de que la Contraloría aprobara un informe de auditoría (examen especial que abarca el periodo de enero de 2020 a diciembre de 2024) que sugirió responsabilidades administrativas y determinó indicios de responsabilidad penal por irregularidades en varios procesos de contratación del Municipio de Cuenca.
El principal hallazgo que generó la disputa fue la adquisición de un vehículo para la primera autoridad (un carro blindado) en la administración de Zamora. La Contraloría expuso que el informe de necesidad y las especificaciones técnicas para esta compra no tuvieron sustento técnico ni estudios previos.
La Respuesta del Alcalde Zamora
El alcalde Zamora reaccionó públicamente, calificando el post de la Contraloría como “impreciso y redactado para confundir”.
Zamora argumentó que el informe se refería a auditar diez procesos de contratación previos a su Alcaldía y, sobre la compra del vehículo blindado, la defendió aludiendo a su seguridad personal:
“Según esos auditores, no ha habido suficientes estudios técnicos para justificar. Allá ustedes con lo que crean que es suficiente. Quisiera ver sus pellejos burócratas si, como a mi vehículo, que le dieron caza a alta velocidad en la Cuenca-Azogues y tuvo que intervenir la Policía en rescate y que denunciamos en Fiscalía, no les es suficiente,” escribió Zamora.
El funcionario insinuó motivaciones políticas detrás de la auditoría: “Quizá a ustedes, auditores enviados por disposiciones políticas, no les espera nadie en casa. A mí sí”.
Postura de la Contraloría
La Contraloría reafirmó que su labor es técnica, imparcial y se rige estrictamente por la ley. Subrayó que “Ningún tipo de presión alterará el cumplimiento de nuestras funciones ni los resultados de los exámenes que efectuamos para garantizar el correcto uso de recursos públicos”.
