Un estudio conjunto del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), el Netherlands Institute for Multiparty Democracy y el Clingendael Institute, con apoyo de universidades ecuatorianas como la PUCE y la ESPE, expone la magnitud de la economía ilícita en Ecuador. Publicado por Diario La Hora, el informe detalla que miles de millones de dólares de origen criminal circulan anualmente, distorsionando mercados, encareciendo bienes y socavando la democracia.
El crimen organizado, lejos de limitarse al narcotráfico o la trata de personas, se infiltra en sectores como la construcción, minería, bienes raíces y comercio, financiando campañas políticas y dictando políticas públicas. Quince cifras clave muestran cómo estas redes han dejado de ser clandestinas para ocupar espacios institucionales, especialmente en provincias como Manabí, donde controlan contratos públicos y evaden regulaciones. El estudio destaca la colusión entre actores políticos y criminales, que intercambian protección e impunidad por financiamiento e influencia.
Cada dólar ilícito, señala el informe, amenaza la gobernabilidad, alimentando burbujas inmobiliarias y contratos amañados. Ecuador enfrenta un punto de inflexión: sin voluntad política, transparencia financiera y cooperación internacional, la economía criminal seguirá devorando oportunidades. La investigación, basada en el análisis de redes ilícitas en América Latina, subraya que el país necesita controles más estrictos sobre el financiamiento político y una lucha frontal contra la cooptación institucional para recuperar la estabilidad y el desarrollo.
