El 27 de agosto de 2025, a las 10:34, la Corte Constitucional de Ecuador instaló una audiencia pública telemática, liderada por el juez ponente José Terán, para tratar 26 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), vigente desde el 26 de junio. Con ocho de nueve jueces presentes, se escucharon argumentos de 30 demandantes, la Presidencia, la Asamblea Nacional, la Procuraduría y 20 amicus curiae.
Andrés Quishpe, de la Unión Nacional de Educadores, criticó la ley por promover despidos de funcionarios y condonar deudas tributarias de empresarios, incluyendo familiares del presidente Daniel Noboa. Ricardo Luna, de las cooperativas, cuestionó una disposición que obliga a estas a convertirse en bancos, mientras Adolfo Espinel señaló irregularidades en el proceso legislativo, como la inclusión de reformas penales y migratorias sin cumplir el requisito de unidad de materia.
La LOIP, aprobada como económica urgente por la bancada de Acción Democrática Nacional, reforma 20 leyes, endureciendo penas para menores delincuentes. La audiencia, que podría extenderse días, determinará si la norma es inconstitucional, mientras el gobierno defiende su legalidad y propósito.
