La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, afirmó que el Gobierno no tiene un plan B ante posibles declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia y Integridad Pública, confiando en que la Corte Constitucional (CC) tomará la mejor decisión para los ecuatorianos. Las audiencias públicas comenzaron el 25 de agosto de 2025, a las 10:30, con la revisión de cinco demandas contra la Ley de Solidaridad, liderada por el juez Alí Lozada.
Jaramillo destacó que el equipo jurídico de la Presidencia defenderá la constitucionalidad de las normas en las audiencias, que serán virtuales pese a la solicitud de presencialidad. La CC enfrenta una “enorme responsabilidad” ante los ciudadanos, según la vocera. La siguiente audiencia, sobre 26 demandas contra la Ley de Integridad Pública, está programada para el 27 de agosto con el magistrado José Luis Terán, y el 1 de septiembre se tratarán dos demandas contra la Ley de Inteligencia, a cargo de Alejandra Cárdenas.
