La Corte Nacional de Justicia (CNJ) archivó el 16 de mayo de 2025 la investigación previa por presunto peculado y delincuencia organizada contra el expresidente Guillermo Lasso, iniciada en 2023 a raíz de una denuncia de la exasambleísta Mireya Pazmiño, ahora vinculada al correísmo. La jueza Daniella Camacho acogió el pedido de la fiscal general, Diana Salazar, de cerrar el caso al no encontrar elementos de convicción que sustenten los delitos imputados. La denuncia, centrada en supuestas irregularidades en contratos de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con Amazonas Tanker, fue el fundamento del juicio político contra Lasso, que culminó con la disolución de la Asamblea Nacional mediante la “muerte cruzada” en mayo de 2023.
La investigación, que se extendió por tres años y 18 días, analizó un contrato firmado en 2018, con una adenda en 2020, entre Flopec y Amazonas Tanker, que según Pazmiño generó un perjuicio al Estado de $6 millones. La Fiscalía examinó pruebas como el informe de la Contraloría General del Estado, comparecencias ante la Comisión de Fiscalización y audios publicados por el medio La Posta, pero concluyó que no había evidencia de que Lasso, quien no era presidente al momento de la firma del contrato, se apropiara o distrajera fondos públicos en beneficio propio o de terceros. La jueza Camacho destacó que el delito de peculado requiere que el acusado sea funcionario público al momento de los hechos, lo que no aplicaba a Lasso, y que las acusaciones de delincuencia organizada ya estaban siendo investigadas en otro caso, el denominado “Encuentro”. Además, rechazó el pedido de Lasso de calificar la denuncia de Pazmiño como maliciosa, argumentando que reflejaba su inconformidad con el desempeño del expresidente y no excedía sus derechos como legisladora.
El caso Flopec tuvo un impacto político significativo. En marzo de 2023, la Corte Constitucional dio luz verde al juicio político contra Lasso, impulsado por Pazmiño junto a los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ex-ID), quienes acusaron al exmandatario de conocer y consentir irregularidades en Flopec. El proceso, respaldado por 59 firmas y 20 pruebas documentales, incluyó el testimonio del exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, quien en 2022 alertó sobre anomalías en los contratos. Sin embargo, el 17 de mayo de 2023, Lasso disolvió la Asamblea, evitando una posible censura. En noviembre de 2023, la nueva Asamblea, liderada por Henry Kronfle, aprobó con 116 votos una resolución que declaró a Lasso responsable político de peculado, remitiendo el expediente a la Fiscalía. Pese a esto, la falta de pruebas llevó al archivo del caso, lo que Lasso celebró en X, afirmando que “la justicia puso las cosas en su lugar” y calificando el juicio político como una “farsa mediática”.
