El 4 de agosto de 2025, la Sala de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con el voto mayoritario de los jueces Édison Cantos y Javier de la Cadena, declaró prescrita la acción penal por homicidio culposo por mala práctica profesional en el caso de Michelle Cobo, fallecida en 2016 tras una cirugía estética en Quito. La decisión, que levanta las medidas cautelares contra los médicos Hugo T. C., Carlos H. B. y la exgerente María M. J., será ejecutada por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha una vez ejecutoriada.
En 2019, los médicos fueron condenados a cuatro años de prisión, pero en apelación la sentencia aumentó a seis años y ocho meses, incluyendo a la exgerente con tres años. Según el voto mayoritario, basado en el artículo 417 del COIP, la acción penal prescribió el 17 de agosto de 2022 para Hugo T. C. y el 15 de noviembre de 2022 para Carlos H. B. y María M. J., debido a la ausencia de otras causas penales.
La jueza Daniella Camacho disintió, argumentando que la prescripción no aplica aún, estimándola para septiembre de 2025 para Hugo T. C. y noviembre para los otros dos. Camacho rechazó los recursos de casación, ratificó el fallo de segunda instancia y cambió la calidad de la exgerente a autora directa. El caso llegó a la CNJ con Camacho, tras la salida de los jueces Wakter Macías y Byrin Guillén en 2024, siendo reemplazados por Cantos y De la Cadena.
La decisión, que extingue la responsabilidad penal, genera controversia por cerrar un caso emblemático sin ejecución de las condenas, dejando en evidencia tensiones en la interpretación de plazos de prescripción en el sistema judicial ecuatoriano.
