La justicia ecuatoriana enfrentó un nuevo tropiezo este lunes 19 de enero de 2026. El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Manuel Cabrera, Julio Inga y Javier de la Cadena, se vio obligado a diferir la audiencia solicitada por 7 sentenciados por peculado en el Hospital Los Ceibos del IESS. La causa del retraso fue el cambio repentino de defensa técnica por parte de Daniel Salcedo Bonilla, quien reemplazó al abogado Renato Montero por Daniel Vivanco minutos antes de la instalación. El juez ponente, Manuel Cabrera, calificó el hecho como una “maniobra dilatoria prohibida”, debido a que la convocatoria se realizó desde el 23 de diciembre de 2025.
Daniel Salcedo, quien cumple otras condenas por corrupción y es investigado en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, compareció vía telemática desde la Cárcel 4 de Quito. Junto a él, Johana V., Cristina G., Lenín R., Sandra O., Antonio S. y Alejandro B. buscan revertir la sentencia de 13 años de prisión ratificada en 2024. Ante el nuevo escenario, el tribunal impuso una multa de un salario básico unificado al abogado Renato Montero por no informar a tiempo de su imposibilidad de asistir, obstaculizando una agenda judicial que los magistrados calificaron como sumamente saturada.
Para blindar la próxima convocatoria, los jueces tomaron una medida preventiva: designaron defensores públicos que deberán estudiar el proceso de inmediato. De esta forma, si se intenta una nueva táctica para frenar la diligencia, el defensor público asumirá la representación legal en el acto, declarando la indefensión del abogado privado ausente. Con esta decisión, la Corte Nacional busca garantizar la celeridad en la administración de justicia de un caso que simboliza la corrupción hospitalaria durante la emergencia sanitaria.
