La Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitó el 21 de mayo de 2025 a la Asamblea Nacional de Ecuador la autorización para vincular penalmente a la exasambleísta Esther Cuesta, del movimiento correísta Revolución Ciudadana, en el caso Ligados. Este proceso, liderado por la Fiscalía General del Estado, investiga una presunta red de asociación ilícita para manipular la designación de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Además de Cuesta, la CNJ busca procesar a Andrés Arauz, excandidato presidencial, y Raúl González Carrión, por su supuesta participación en una trama conocida como “Liga Azul” para controlar la Superintendencia de Bancos. La solicitud se basa en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que exige la aprobación del Pleno para enjuiciar a asambleístas o exasambleístas con fuero.
El caso Ligados se centra en chats obtenidos de los celulares de exvocales del Cpccs, como Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita. Las conversaciones revelan intentos de influir en instituciones estatales, con menciones a alias como “Jerónimo” (presuntamente Rafael Correa) y “AN” (posiblemente Arauz). La Fiscalía sostiene que Cuesta, como exlegisladora, habría participado en maniobras para retrasar la posesión del superintendente de Bancos, Roberto Romero, según denuncias de Juan Esteban Guarderas. La Comisión de Seguridad de la Asamblea, presidida por Inés Alarcón, retomará la fiscalización del caso el 2 de abril de 2025, convocando a Cuesta, Viviana Veloz y representantes de la Fiscalía para esclarecer los hechos.
La investigación ha generado tensiones políticas, con el correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Construye acusados de bloquear sesiones de la Comisión de Seguridad para evitar avances en el caso. Un intento de juicio político contra los exvocales del Cpccs fue archivado el 1 de abril de 2025 por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debido a la falta de 35 firmas de respaldo, según el secretario Alejandro Muñoz. Sin embargo, el oficialismo insiste en que el correísmo busca proteger a los involucrados. Mientras tanto, la Fiscalía evalúa solicitar la revisión de medidas cautelares contra Verduga y Saltos por incumplir presentaciones periódicas, lo que podría endurecer las acciones judiciales en este caso que pone en jaque la institucionalidad ecuatoriana.
