La Corte Nacional de Justicia (CNJ) suspendió el 7 de agosto la audiencia de habeas corpus correctivo solicitada por el exasambleísta Pablo Muentes, condenado a 13 años y cuatro meses en el caso Purga, hasta que el SNAI entregue un informe ampliado sobre su seguridad en la Cárcel 4 de Quito. Los jueces Adrián Rojas, Rita Bravo y Pablo Loaiza consideraron el informe “indispensable” para resolver el traslado de Muentes a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
Diego Chimbo, abogado de Muentes, calificó el traslado del 5 de agosto como arbitrario, argumentando que violó la decisión del tribunal del caso Purga, que ordenó cumplir la pena en la Cárcel 4. Alegó que no se justificó la medida, basada en una supuesta amenaza, y que Muentes no tiene un perfil de alta peligrosidad, destacando un atentado previo en La Roca en noviembre de 2024.
El SNAI, representado por Gustavo Espín, defendió el traslado por una alerta de inteligencia penitenciaria sobre riesgos a la integridad de Muentes y del asambleísta Santiago Díaz Asque, también trasladado. La Roca ofrece mayor seguridad con controles de las Fuerzas Armadas. Espín cuestionó el uso del habeas corpus, señalando que la vía correcta es apelar ante jueces de garantías penitenciarias.
El juez Rojas dio al SNAI ocho días para ampliar el informe y notificará la reanudación de la audiencia. Muentes participó vía Zoom desde La Roca, mientras el tribunal evalúa si el traslado vulneró sus derechos.
