El 18 de julio de 2025, la Corte Suprema de Brasil ordenó medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por liderar un supuesto intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Entre las restricciones están el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales, acercarse a embajadas o contactar con diplomáticos extranjeros y otros investigados, según medios como Globonews.
La Policía Federal allanó su domicilio en Brasilia y la sede del Partido Liberal (PL), que lidera. La Fiscalía lo acusa de delitos como golpe de Estado y abolición violenta del orden democrático, con penas que podrían sumar 40 años.
Las medidas coinciden con tensiones diplomáticas tras los llamados de Donald Trump, quien calificó el juicio como una “caza de brujas” y anunció aranceles del 50% a Brasil, criticando supuestas órdenes “ilegales” del Supremo contra perfiles que difunden desinformación. Lula calificó las declaraciones de Trump como “chantaje inaceptable”, exigiendo respeto al Poder Judicial.
Bolsonaro, trasladado a la Policía Federal para colocarle la tobillera, niega las acusaciones. El caso, que involucra a exministros y militares, podría iniciar su juicio entre agosto y septiembre, marcando un precedente en la defensa del orden democrático en Brasil.
