El magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, abrió el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete acusados, afirmando que intentaron establecer “una verdadera dictadura” tras perder las elecciones de 2022. En la primera sesión, iniciada el 2 de septiembre en Brasilia, De Moraes denunció que una “organización criminal” buscó subvertir la democracia con el asalto a las instituciones el 8 de enero de 2023.
El juez destacó que el ataque, liderado por miles de simpatizantes de Bolsonaro que vandalizaron las sedes de los tres poderes para forzar una intervención militar contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dejó cerca de 700 condenas. De Moraes subrayó que la pacificación no debe confundirse con impunidad, ya que esta “corroe la democracia” y deja “cicatrices traumáticas”.
El proceso, uno de los más significativos en la historia reciente de Brasil, enfrenta tensiones internacionales debido a las sanciones del presidente estadounidense Donald Trump contra jueces del Supremo, incluido De Moraes, y aranceles del 50% a Brasil, en apoyo a Bolsonaro. El magistrado calificó estas acciones como un intento de obstrucción, pero afirmó que no afectarán la imparcialidad del tribunal.
De Moraes defendió la independencia judicial como un derecho fundamental y un principio inquebrantable de la Constitución brasileña, asegurando que la soberanía nacional no será negociada. El juicio, que se extenderá hasta la próxima semana, busca esclarecer el complot golpista y sus implicaciones para la estabilidad democrática del país.
La Corte Suprema, al abordar este caso, reafirma su compromiso con la defensa del orden democrático frente a los intentos de radicalización política. El desenlace del proceso será crucial para determinar las consecuencias legales para Bolsonaro y sus aliados, en un contexto de alta polarización y presión internacional.
