La Corte Suprema de Estados Unidos, con una votación de seis a tres, respaldó el 18 de junio una ley de Tennessee que prohíbe tratamientos hormonales, bloqueadores de pubertad y cirugías de transición de género para menores de 18 años. La decisión, liderada por el presidente John Roberts, sostiene que la ley no viola la cláusula de igualdad de la Constitución, dejando estas regulaciones al proceso democrático y a los representantes electos.
El fallo responde a un debate nacional, con más de 20 estados republicanos implementando restricciones similares. Durante los alegatos de diciembre, el Departamento de Justicia bajo Joe Biden argumentó que la ley de Tennessee discrimina a personas transgénero al negarles tratamientos accesibles para otros. Sin embargo, el fiscal general de Tennessee, Matthew Rice, defendió la norma como una protección contra “intervenciones médicas arriesgadas” con consecuencias irreversibles para menores.
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada el 28 de enero, reforzó esta postura al restringir los procedimientos de transición de género para menores a nivel federal, prohibiendo su financiación en programas como Medicaid, Medicare y el seguro del Departamento de Defensa. Trump, en su discurso de investidura, afirmó que su gobierno solo reconocerá dos géneros, calificando los tratamientos como una “tendencia peligrosa” que debe terminar.
La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) criticó el fallo, calificándolo de “precedente peligroso” que interfiere en la práctica médica. Según la AAP, el cuidado afirmativo de género, respaldado por décadas de investigación, es esencial para tratar la disforia de género y garantizar la salud de los jóvenes transgénero. Por otro lado, la Alianza Defendiendo la Libertad celebró la decisión como una “victoria para los niños”, argumentando que detiene “experimentos peligrosos”.
Chase Strangio, abogado transgénero de la Unión Americana de Libertades Civiles, lamentó que la ley elimina tratamientos que alivian el sufrimiento de adolescentes transgénero, anulando decisiones de padres y médicos. Con 1,6 millones de personas mayores de 13 años identificándose como transgénero en EE. UU., según el Instituto Williams, el fallo intensifica el debate sobre los derechos y la atención médica de esta comunidad, enfrentando posturas médicas y políticas opuestas.
