La Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo del 27 de junio de 2025, limitó la capacidad de jueces federales para bloquear decisiones ejecutivas del presidente Donald Trump consideradas ilegales, marcando una victoria significativa para su administración. Por seis votos a favor y tres en contra, liderados por la jueza Amy Coney Barrett, la corte dictaminó que las suspensiones nacionales de decretos presidenciales exceden la autoridad otorgada por el Congreso.
El caso se centra en un decreto de Trump, firmado el 20 de enero de 2025, que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal, desafiando la 14ª Enmienda. Aunque la Corte no abordó la constitucionalidad del decreto, permitió su implementación parcial en 30 días, restringiendo los bloqueos judiciales a los demandantes específicos y no a nivel nacional.
Las juezas liberales, lideradas por Sonia Sotomayor, disintieron, calificando el fallo como una “farsa del estado de derecho” que debilita el control judicial sobre el Ejecutivo. Sotomayor advirtió que la decisión amenaza el equilibrio de poderes, mientras Ketanji Brown Jackson la llamó una “amenaza existencial” al estado de derecho. La división ideológica del tribunal, con seis jueces conservadores y tres liberales, marcó el fallo.
La administración Trump argumentó que las medidas cautelares nacionales, emitidas por jueces en estados como Maryland y Massachusetts, obstaculizan su agenda, especialmente en migración. El fallo implica que los jueces federales deberán limitar sus resoluciones a los demandantes directos, dificultando bloqueos de alcance nacional y facilitando decretos controvertidos como el de ciudadanía.
Este veredicto, considerado de enorme trascendencia, fortalece el poder ejecutivo de Trump, quien ha gobernado mediante decretos, enfrentando más de 130 demandas judiciales desde el inicio de su segundo mandato. Aunque no resuelve la constitucionalidad del decreto migratorio, abre la puerta a nuevas demandas y refuerza la estrategia de Trump para reducir la supervisión judicial, un tema que seguirá generando debate.
