La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el expediente 23.908, una legislación que impone a los bancos la obligación de devolver los fondos sustraídos mediante fraudes digitales. Con una estadística alarmante de 38 robos diarios registrados en 2025, la ley establece que las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, deben resarcir a los usuarios afectados tras la presentación de un reclamo. El cambio jurídico fundamental radica en la inversión de la carga de la prueba: ahora corresponde a las entidades demostrar fehacientemente que sus sistemas de seguridad no fueron vulnerados o que existió dolo por parte del cliente para evitar el reembolso.
El procedimiento aprobado fija plazos estrictos para la resolución de conflictos, otorgando a los bancos un máximo de 30 días para investigar y diez días adicionales para acreditar el dinero en caso de aceptación. Si el banco rechaza la solicitud, la Superintendencia General de Entidades Financieras deberá ratificar dicha decisión bajo criterios técnicos rigurosos. A pesar del respaldo mayoritario en el Congreso, la Asociación Bancaria Costarricense y diversas autoridades técnicas han manifestado su preocupación, advirtiendo que esta medida podría incentivar el autofraude o encarecer los servicios financieros para los ciudadanos, citando experiencias internacionales similares que enfrentaron complicaciones operativas tras su implementación.
