El Gobierno de Costa Rica expuso ante la Asamblea Legislativa la existencia de una red de crimen organizado transnacional que extrae oro de manera ilegal en la zona fronteriza de Las Crucitas para procesarlo en Nicaragua. Según el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, el sedimento aurífero robado es trasladado por rutas establecidas hacia territorio nicaragüense, donde empresas de origen chino, con concesiones otorgadas por el régimen de Managua, adquieren el material sin cuestionar su procedencia. Estas compañías utilizan tecnología avanzada que permite recuperar hasta el 95 % del metal precioso, lo que contrasta con los métodos artesanales y evidencia una logística industrializada que afecta la soberanía económica y ecológica costarricense.
La denuncia resalta una brecha significativa en las estadísticas comerciales de la región. Economistas y organizaciones ambientales han detectado que Nicaragua reporta exportaciones de oro que superan ampliamente su capacidad de producción oficial, sugiriendo que el material extraído ilegalmente en Costa Rica se blanquea como producción nicaragüense. En 2024, Nicaragua exportó aproximadamente 19,5 toneladas de oro pese a que su producción registrada fue de solo 12,5 toneladas. Ante este escenario, que le cuesta al Estado costarricense cerca de un millón de dólares mensuales en operativos de control, el Ejecutivo urge la aprobación de un marco legal que permita regular la minería en la zona para frenar el avance del crimen organizado y la contaminación por mercurio.
